El Servicio de Administración Tributaria (SAT) evalúa la incorporación de las compañías que brindan seguridad en el traslado de mercancías relacionadas con las cadenas de suministro en actividades de comercio exterior, en la certificación del Operador Económico Autorizado (OEA).
Este proyecto se inscribe dentro del esfuerzo que realiza el fisco mexicano para fortalecer dicha certificación con el apoyo de otras instituciones gubernamentales.
En este sentido, Diego Mendoza, Subadministrador Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, del SAT, reveló que se busca la celebración de acuerdos de cooperación con la Gendarmería mexicana y con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Con la DGAC se pretende promover el inicio de un programa piloto para alcanzar el reconocimiento mutuo entre los programas del Operador de Carga Segura (OCS), emitido por esta dirección, y el OEA (también conocido como Nuevo Esquema de Empresa Certificada-NEEC).
DATOS ACTUALIZADOS
Actualmente México cuenta con reglas para certificar a importadores-exportadores, empresas de transporte terrestre, agentes aduanales, parques industriales, recintos fiscalizados y fiscalizados estratégicos, firmas de mensajería y paquetería y al transporte ferroviario.
Mendoza reveló los datos más actuales de empresas que ya cuentan con esta certificación: Importadores-exportadores suman 515 (mismos que representan el 47% de las operaciones de comercio exterior en 2016), 74 autotransportistas, 74 agentes aduanales y un recinto fiscalizado.
El funcionario estuvo presente en el 5º Supply Chain Security Day realizado en esta ciudad norteña por el Clúster de Seguridad para el Comercio Internacional, formado por gobierno, iniciativa privada y la academia del estado de Nuevo León, que busca generar una conciencia y cultura de la seguridad entre las empresas.
La certificación OEA es una iniciativa global, liderada por la Organización Mundial de Aduanas, con el que se pretende que los gobiernos tengan un mayor control sobre las operaciones en la cadena de suministro de las empresas con actividades de comercio exterior, y que estas últimas fortalezcan su gestión de seguridad en todos los ámbitos productivos, para así evitar que las cargas sean “contaminadas” en sus traslados fronterizos.