Poder político
Eduardo del C. Hernández (*)
El presupuesto público federal 2017, ahora que se confirmó el recorte respecto del ejercido este 2016, motiva a los muchos jalones y estirones en lo que concierne a las participaciones a los estados y municipios, en la pretensión de por lo menos procurar una asignación equilibrada para el gasto corriente y el destinado a las políticas públicas encausadas a los programas sociales e infraestructura física por lo menos básica.
Son muchas las necesidades y menor disponibilidad de financiamiento el que tendrán los estados con menor densidad poblacional, porque la ley de participaciones federales que data de 2007 favorece por este criterio a entidades con una considerable demografía en demérito de otras que registran una minoría que antes fueron apalancadas por el criterio geográfico en la consideración de su productividad.
Caso específico de Campeche y Tabasco en el sureste mexicano, que por décadas le reportaron una inagotable rentabilidad a las arcas hacendarias del país por la extracción del petróleo del subsuelo y sus aguas someras, pero ahora que está en desgracia no sólo experimentarán una aguda merma en el presupuesto procedente de la Federación sino que igual enfrentan una nula actividad en el sector con el consecuente desempleo, tanto en Pemex como empresas proveedoras de bienes y servicios.
Yucatán, Chiapas y Quintana Roo también pasarán apuros, aunque este último compensa su viabilidad económica a partir de su vocación turística, sostenida en pesos y dólares, que además de impactarle en positivo al sector apertura opciones para otros segmentos.
En la misma situación se plantea el panorama con muchos nubarrones de una parálisis económica otras entidades como Tlaxcala, Aguascalientes y Colima, que son las más pequeñas en geografía y en población de México.
Las asimetrías en las participaciones federales son tan contrastantes que nada más Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Puebla, por su alto asentamiento demográfico, captarán un importante porcentaje de la bolsa total destinadas para los 32 de nuestro país.
Mucho pudieran pensar que Chihuahua sería también de los beneficiados por ser el más grande en extensión geográfica, pero en nada le ayuda por la población con que cuenta, quizás equiparable a los 2 millones 500 mil ciudadanos, mientras que los mexiquenses superan los 13 millones, arriba del 15% en su territorio de los 117 connacionales que residen en México.
No hay lugar a la menor duda que será el venidero 2017 un año en extremo sentido complicado para el Sureste mexicano que nos ocupa. Las administraciones públicas estatales y municipales tendrán por obligación realizar los ajustes necesarios para por lo menos salir forzadamente librados, incluso con calzador.
El problema se agudiza todavía más cuando se trae por herencia una millonaria deuda contraída por quienes le antecedieron en la gobernanza, que le significa una reducción en su capacidad presupuestal venida con 90% por parte de la Federación. El complementario porcentaje para sumar el 100% son contribuciones locales que por ahora no se pueden incrementar ni implementar otros para compensar la precariedad.
Por lo menos los gobiernos donde sus mandatarios son afines al PRD ya lograron establecer una mesa de negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para gestionar un mejor presupuesto para sus estados; mientras que los demás le apuestan al cabildeo en el ámbito de los diputados del Congreso de la Unión, quienes con el visto bueno del Senado disponen de la facultad para modificar el paquete de presupuesto de ingresos y egresos enviados por el presidente Enrique Peña Nieto.
México libraría el problema hacendario ahora con el atinado retorno de José Antonio Meade, quien estuvo en el último tramo de la anterior administración; hereda una responsabilidad en la anarquía debido a las ocupaciones de Luis Videgaray, quien vio más por lo político que las finanzas nacionales que dan sustentabilidad.— Villahermosa, Tabasco.