El senador Arturo Zamora Jiménez presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Condusef, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNByV), al Instituto Nacional Electoral y a comisiones del Senado a fortalecer los mecanismos e instrumentos contra el robo de identidad en México, así como a aprobar la reforma que tipifique y sancione ese delito en el país.
Expuso que pese a los esfuerzos y convenios impulsados del INE y otras instancias públicas por abatir ese acto ilícito a partir del mal uso de credenciales de elector, sólo uno de los más de 40 bancos en México utiliza la plataforma de información para detectar micas clonadas, robadas o con reporte de extravío, lo que provoca fraudes y pérdidas económicas a los usuarios de la banca.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo en el que se advierte que a pesar de que en México el robo de identidad sigue al alza, pues de enero a septiembre de 2016 hubo más de 53 mil casos, no se ha aprobado la reforma para sancionar esa irregularidad, cuya propuesta se presentó desde abril pasado..
Entre las actividades que citó el senador por Jalisco están los retiros de efectivo con uso de tarjetas de crédito o débito fabricadas por los propios delincuentes con base en datos de identidad usurpados, compras en línea o pago de servicios con cargo a tarjetas adulteradas, créditos personales o automotrices con cargo la víctima y transmisión ilícita de propiedades inmobiliarias.
También la ilícita práctica de realizar altas de personas ajenas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que sea la víctima quien resulte responsable de evasión de impuestos, y diversas conductas análogas que siempre terminarán por perjudicar severamente el patrimonio o la esfera de derechos de las víctimas, y ocasionalmente, de terceras personas.
En el documento se exhorta a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado a dictaminar la iniciativa que presentó el 19 de abril de 2016, en la que se propone tipificar como delitos la expedición y el uso ilícito de documentos de identidad, la intrusión a la seguridad informática y la suplantación de usuario de tarjetas de crédito y débito.
De igual forma, el uso ilícito de datos de identidad en sistemas informáticos, en el que se contemplan penas de hasta 12 años de cárcel.
El priista expuso que el 18 de febrero de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría para la Protección del Contribuyente (Prodecon), la CNBV, la Asociación de Bancos de México (ABM), el INE y la Condusef firmaron un convenio para combatir de manera coordinada el robo de identidad.
Con ese acuerdo las instituciones del sistema financiero mexicano tendrían una intercomunicación en tiempo real con el INE, para corroborar y autenticar la identidad de los usuarios que pretendan realizar una operación financiera y utilizar la credencial para votar —expedida por dicho instituto— como documento para comprobar datos personales.
Ante ello propuso a la CNByV y a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) revisar el cumplimiento del convenio firmado entre el INE y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) para la verificación de las credenciales de elector e informar al Senado el motivo por el que sólo un banco utiliza esa plataforma.
Asimismo, al Instituto Nacional Electoral (INE) a informar al Senado sobre los resultados de los convenios firmados con autoridades e instituciones financieras para prevenir las actividades derivadas del robo, extravío o falsificación de credenciales de elector.
Propuso además diseñar un mecanismo más ágil, vía Internet o telefónica, para recibir de forma inmediata, las denuncias de robo o extravío de credencial de elector.